jueves, 20 de junio de 2013

Menores con discapacidad, gran desafío para gobierno de México: Unicef




Viven una doble o triple discriminación, porque a esa condición se le suma el de ser niñas, pobres o indígenas, además que suelen ser abandonados en instituciones o dentro de sus hogares.


México, DF. Isabel Crowley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, admitió que la integración de los menores de 18 años con alguna discapacidad representa un gran desafío para el gobierno federal, el cual ha suscrito y ratificado las Convenciones sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sobre los Derechos del Niño.

Generalmente, dijo, los menores discapacitados viven una doble o triple discriminación, porque a esa condición se le suma el de ser niñas, pobres o indígenas, además que suelen ser abandonados en instituciones o permanecen dentro de sus hogares, a causa del estigma social; carecen de cuidados médicos adecuados, y están expuestos al abuso, la violencia y la explotación.

Al presentar el Estado Mundial de la Infancia 2013: Niñas y niños con discapacidad, editado por la Unicef, refirió que las Convenciones suscritas por el gobierno federal lo obligan a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas que combatan la discriminación, ayuden a derribar las barreras físicas, las legislativas y presupuestales para la inclusión en las políticas de Estado de un millón 271 mil 504 menores de edad discapacitados, según datos del Censo 2010.

En la presentación del documento, que contiene testimonios de infantes de todo el mundo y estadísticas generales, Sandra Jiménez, integrante del consejo consultivo de Unicef-México, y quien padece una discapacidad, dio testimonio sobre la “terrible situación de vulnerabilidad” que padecen los menores en esa condición, y se pronunció porque sea transversal la integración de los derechos de las personas con discapacidad.

Jiménez cuestionó que el modelo social en donde “el niño discapacitado tiene que adaptarse al sistema educativo y social, cuando debería de ser a la inversa.

“Es necesario –dijo- crear una sociedad en que los derechos no sean diferentes para un niño que vive con discapacidad en una comunidad indígena o con VIH/Sida, sino que todos los derechos sean los mismos para todos sin importar las circunstancias”.

Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dijo que el gobierno mexicano tiene el reto de realizar un cambio total en sus políticas públicas dirigidas a los menores de 18 años con alguna discapacidad, y de efectuar un conteo sobre ese grupo de población cuyo número total se desconoce.

"Al suscribir y ratificar las Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales se han elevado a rango constitucional, México tiene la obligación de eliminar todos los obstáculos a la inclusión, como, por ejemplo, adaptar toda la infraestructura escolar en el país para eliminar las barreras físicas, de comunicación e información que actualmente existen", ilustró.

Agregó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la institución que más quejas ha recibido en el Conapred, justo por exclusión educativa, la cual es más recurrente en el ámbito privado que en el público, por lo cual se requiere de mayor regulación en el primero.

También indicó que, aunque ya “tenemos la Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, se tienen que reformular todas las leyes en el país para darles un enfoque de las personas con discapacidad”.

Sobre el total de menores de 18 años con alguna discapacidad, refirió que en el Censo de 2000 se definió que 1.7 por ciento de la población tenía esa condición, la cual pasó a 5.1 por ciento en el 2010, pero para tener mayor certidumbre en los resultados en el conteo 2015, de Población y Vivienda, se aplicará una metodología distinta para un registro efectivo.

Por lo pronto, destacó, la reforma educativa establece para octubre de este año que se haga un conteo en todas las escuelas que incluya el número de menores con alguna discapacidad y su clasificación.


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